El Gobierno quiere que el Senado sancione la nueva ley de Defensa de la Competencia que aprobó Diputados en noviembre pasado. La norma prevé sanciones mucho más duras para las empresas que, utilizando su posición dominante en el mercado, fijen precios abusivos o se cartelicen para fijar precios muy por encima de lo que la competencia impondría. El proyecto de ley original estuvo asociado al nombre de Elisa Carrió y un sector del radicalismo, pero después el Frente Renovador le introdujo cambios en Diputados y hoy la iniciativa cuenta con el ferviente respaldo de la Casa Rosada.
En el equipo económico le restan entidad a las versiones de que el Gobierno imagina esta ley como un nuevo instrumento anti-inflacionario, porque consideran que el problema de la falta de competencia en los mercados no es un problema inflacionario (el aumento persistente y generalizado de precios) sino de nivel de precios demasiado elvados en algunos sectores.
En privado, los funcionarios de la Secretaria de Comercio apuntan a dos sectores en particular que podrían estar en la mira con la vigencia de la nueva norma. Por un lado, los laboratorios, que acordaron con el PAMI un esquema de precios para este año que implica una freno importante a la dinámica de remarcaciones de los últimos dos años. Por otro lado, el sector del acero, que lidera el Grupo Techint. Según fuentes cercanas al secretario de Comercio, Miguel Brown, el Gobierno ya le trasmitió a Paolo Rocca su intención de abaratar el precio de la chapa en Argentina, un reclamo histórico de las automotrices. Y dicen que, una vez superado la crisis del acero y el aluminio, desatada por Trump al imponer aranceles extra a las importaciones en medio de su guerra con China, volverían a la carga. "Le anticipamos que iban a bajar los aranceles en Argentina si no se abaratan los precios de ese insumo clave en el país. Pero ahora que Trump subió todos los aranceles, el tema quedó congelado. Sería ridículo que nosotros anunciemos una baja, mientras Trump los aumenta", explicó el funcionario.
En los principales puntos de la nueva ley de Defensa de la Competencia se destacan los siguientes:
1. Se crean el Tribunal de Defensa de la Competencia y dos Secretarías (Conductas Anticompetitivas y Concentraciones)
2. Se establece que todos los miembros del Tribunal y las Secretarías se seleccionaran por concurso público.
3. Se crea un “régimen de clemencia” que habilita la reducción de multas en los casos de personas físicas o jurídicas que, realizando conductas anticompetitivas, realicen denuncias que aporten elementos de prueba.
4. Se elevan las sanciones, que habían quedado establecidas en pesos en la ley anterior y se habían desactualizado por el paso del tiempo y la inflación. Hoy las multas máximas llegan a $150 millones. Con la nueva ley se multiplicarán, porque serían un porcentaje de la facturación de las grandes empresas.
5. Se establece mayor independencia para los miembros de la Autoridad de Defensa de la Competencia, para evitar abusos del Poder Ejecutivo:
— El Senado deberá ratificar a los miembros de la Autoridad de Defensa de la Competencia.
— Debe intervenir el Congreso para remover a cualquiera de sus miembros
— Se prevén también restricciones en la designación de los funcionarios para que no existan "incompatibilidades" por su actuación previa en empresas privadas.
La norma contempla además la creación de una comisión redactora de un anteproyecto de Ley de “Fomento de la competencia minorista” conocido como "Ley de Góndolas", para que cada categoría de productos tenga al menos 3 competidores, no como para hoy. Además, restringimos las prácticas abusivas y barreras de entradas, que ocurren hoy.
