La negociación de la deuda pública se complica cada vez más. Bajo el contexto de la crisis del coronavirus el ministro Martin Guzmán anunció que se portergará el pago de la “deuda en dólares ley Argentina” por unos u$s 8.400 millones que debían entre abril y diciembre hasta el 31 de diciembre. Así, sin decirlo, concretó un “default” (cesación de pagos) de la deuda en dólares bajo legislación local. Habrá trato “desigual”, contrario a lo que había prometido el ministro días antes, para bonistas privados dependiendo de la legislación de los bonos. Por ahora, se mantiene sólo el pago de la deuda en dólares bajo ley extranjera, fundamentalmente ley Nueva York.
El Gobierno está intentando resolver solo una parte de la deuda pública, cada vez más pequeña en relación stock de deuda total. Esta semana, se optó por no utilizar las pocas reservas internacionales netas del BCRA, cerca de u$s 11.300 millones, para cancelar la deuda en dólares legislación local .
Guzmán adelantó la jugada sabiendo que en mayo había que pagar un vencimiento grande, de unos 1.500 millones de capital e intereses del Bonar24, el bono emblemático de la deuda en dólares en legislación argentina. Para cuidar las reservas, “pateo” los vencimientos para el año 2021, sin fecha definida mientras sigue negociando una reestructuración global de la deuda con los principales fondos de inversión extranjeros, que tienen en cartera mayoritariamente bonos en dólares ley Nueva York.
El decreto del “default parcial” no tiene la nueva fecha de vencimiento para los bonos locales “diferidos”, lo que trae mayor incertidumbre a los acreedores privados.
La probabilidad de default global de Argentina es cada vez más elevada. Y de darse ese evento generaría mayores problemas para la economía real, adicional al shock que implica hoy el Coronavirus, demorando toda posibilidad de recuperacion en el corto plazo e incluyendo la posibilidad de una depresión económica (al estilo de lo vivido en la crisis 2001 cuando el PBI cayó 10,9%).
De los U$S 318 mil millones de deuda pública total, lo que entrará, finalmente, en la renegociación son solo 68.000 millones (bonos legislación extranjera) -ver gráfico- . Es decir, sólo una quinta parte del total.
Hay u$s 73.000 millones que se deben a organismos internacionales de crédito (incluido el FMI por 45.000 millones de dólares). Esa deuda se renegociará post negociación (haya acuerdo o no) con los acreedores privados.
Otros u$s 113.000 millones corresponden a deuda intra- sector público (ANSES, BCRA, bancos oficiales, entre otros), que obviamente se refinancia automáticamente.
La clave está entonces en los casi U$S 122.000 millones de la deuda total con acreedores privados. De ese total, casi U$S 91.000 millones corresponden a bonos en dólares y el resto a bonos en pesos.
Con los U$S 31.000 millones de deuda en pesos, la estrategia oficial es tratar de canjear esos bonos por nuevos bonos en pesos, en un mix entre canjes voluntarios, compulsivos y cancelaciones pequeñas con emisión monetaria.
De los U$S 91.000 millones de la deuda en dólares, sólo U$S 22.000 millones corresponde a deuda bajo legislación local. Este segmento de la deuda, que presentaba los vencimientos más importantes hasta fin de años (unos U$S 8.400 millones), es la parte de la deuda ahora en default.
Otro segmento de la deuda en dólares con legislación local, las llamadas Letes (Letras del Tesoro Nacional) ya había sido “reperfilada” en agosto del 2019, bajo la administracion Macri, para los primeros meses de este año. Y en diciembre volvio a ser “reperfilada” por el actual Gobierno hasta agosto.
Ahora el ministro de Economia negocia con los acreedores extrajeros sobre los U$S 68.600 millones de deuda en dolares de ley extranjera que todavia se sigue pagando. Los vencimientos de esa deuda hasta junio no son muy relevantes: unos U$S 500 millones. Pero en el segundo semestre, si no se llegara a un acuerdo global de reestructuracion, habria que pagar otros U$S 3.000. Asi que la unica duda ahora es si Guzman seguira pagando los vencimientos de esta deuda hasta junio, mientras negocia con los acreedores. No pagar los bonos de legislacion extranjera, dada las clausulas incluidas en esos titulos, podrian implicar una avalancha de juicios contra el Estado argentino en tribunales extranjeros.
Ahora hay menos dudas respecto de que si no se llegara a un acuerdo hasta junio, entonces el Gobierno optaria por un default antes que desembolsar U$S 3.000 millones de las reservas en la segunda parte de 2020.
La diferencia entre deuda en dólares de ley local y extranjera ya estaba reflejada en las cotizaciones de mercado, sobre la base de lo que ocurrió tras el default de 2001. Los bonos con legislación extranjera fueron llevados a litigios por fondos buitre y tuvieron una resolución judicial favorable de la corte de Nueva York .
Por ejemplo, para los bonos Discount (DICA de ley local y el DICY de ley Nueva York), antes del anuncio del default para ley local, el spread entre los bonos era de unos 13 puntos porcentuales. Al 1 de abril, los bonos Discount con legislación local rendían 44,3 % anual (en dólares) previo al decreto del diferimiento. Mientras que los de legislación extranjera rendian 31,6% anual en dólares. Es decir, ya tenían un “tratamiento diferencial” en el mercado.
Las últimas decisiones del equipo económico muestran un margen muy pequeño para evitar la cesación de pagos total. Ese escenario todavia se puede esquivar. Se supone que la estrategia de Guzman es cerrar un acuerdo con los acreedores extranjeros y sobre ese acuerdo fijar condiciones similares para los bonos en dolares de legislacion local. Pero por ahora no esta cumpliendo con el lema de “trato equitativo” entre acreedores locales y extranjeros que siempre pregono.
