Las nuevas proyecciones de inflación después de los últimos datos del INDEC

Según el INDEC, la inflación en febrero se disparó un 4,7%, respecto de enero. Es el registro más alto desde marzo de 2021. Así, acumula en el primer bimestre del año un 8,8% (equivalente a una tasa anualizada de 65,8%) con una variación interanual de 52,3%. La “inflación de alimentos” fue en 7,5% en febrero (respecto a enero) y acumula 55,8% en los 12 meses previos. Esta estampida de los precios pone en “jaque” los números del acuerdo con el FMI ya en el arranque del año.

Hacia fin febrero la dinámica de precios sufrió el impacto del shock internacional de commodities (especialmente en precio internacional agrícolas y energía) por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El Gobierno en 2022 tendrá que “levantar” las 2 anclas que mantenía (como política anti-inflacionaria) el año pasado: el ancla cambiaria y tarifaria. Esto acelerará la inflación en los próximos meses.

Si tomamos la serie del IPC-INDEC desde que asumió Alberto Fernández el promedio mensual de inflación se ubicó en 3,17% (entre diciembre de 2019 y febrero/2022) y ya acumula 123,5% de inflación en menos de 2 años de gestión.

En febrero pasado la inflación núcleo (que no incluye a precios regulados ni estacionales) subió 4,5% mensual, 0,2 puntos porcentuales por debajo de la inflación general. En los últimos 12 meses, la inflación núcleo acumuló una suba de 54,5%.

Los componentes de la inflación siguen teniendo una dinámica muy heterogénea. En febrero, la inflación de los bienes (IPC-Bienes) acumuló 55,3% interanual. Es decir, 3 puntos más que la inflación general. Mientras que el IPC-Servicios subió 44,9%. Esta disparidad obedece a la gran cantidad de tarifas de servicios regulados que están controladas o directamente “congeladas”.

La inflación de “estacionales” subió 67% interanual en febrero. Mientras que la “inflación núcleo” alcanzó una variación interanual de 54,5% y los precios regulados aumentaron solo 35,8%.

Los rubros que más subieron en febrero fueron: “Alimentos y bebidas” (7,5%); “Transporte” (4,9%); “Equipamiento y mantenimiento del hogar” (4,4%); “Bienes y servicios varios” (4,3%); “Restaurantes y hoteles” (4,3%); “Salud” (3,6%) y “Prendas de vestir y calzado” (3,4%).

En tanto, los siguientes rubros estuvieron por debajo de 3 puntos porcentuales de la variación mensual: “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (2,8%); “Bebidas alcohólicas y tabaco” (2,7%); “Educación” (2,6%); “Recreación y cultura” (2,3%) y “Comunicación” (1,5%).

En febrero, la “inflación de alimentos” fue de 7,5% (2,8 puntos por arriba de la inflación general), respecto de octubre. En tanto, la inflación de alimentos en GBA se disparó 8,6% el mes pasado y acumula un 14,9% en el primer bimestre de 2022.

Dentro de “alimentos y bebidas” el rubro “Verduras, tubérculos y legumbres” subió 32,3%, “Frutas” 10,4% y “Leche, productos lácteos y huevos” 6,5%, todos comprando febrero/22 contra enero/22.

Así, la “inflación de alimentos” en febrero fue de 55,8% interanual. Mientras que la inflación general fue de 52,3%.

Vale señalar, que el rubro “Transporte” (+4,9% en febrero) tuvo el impacto de la suba de combustibles de 9% en febrero pasado.

La inflación esperada para 2022, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por Banco Central (en base a proyecciones de consultoras y bancos), es de 55% interanual. Mientras que el límite de referencia superior en el acuerdo con el FMI es de 48% para 2022. Es decir, hay una divergencia de casi 7 puntos porcentuales.

La inflación acumulada del primer bimestre de 2022 fue de 8,8%, anualizada es de 65,8%, y para el mes de marzo hay un “piso” de 5% mensual. De esa forma, acumularía un 14,2% en el primer trimestre del año.

Esto quiere decir, que la inflación se ubicará en un “escalón” más alto (que el 50% anual que trae desde 2018 -a excepción del año de pandemia-) con ello complica la recuperación del salario real, ingreso de jubilados , pensionados y beneficiarios de programas sociales. Con el agravante que el acuerdo con el FMI limita al Gobierno en poder discrecionalmente otorgar subsidios (o bonos) para compensar la pérdida de poder adquisitivo a los sectores más vulnerables de la sociedad.