El Gobierno comienza a encontrar límites para mantener el superávit fiscal. En el primer bimestre del año, la fuerte licuación de gastos (especialmente en jubilaciones y obra pública) e ingresos “apuntalados” por Impuesto PAIS y derechos de exportación, permitieron al equipo económico alcanzar un superávit financiero de $1,8 billones (incluidos intereses de la deuda). En marzo, los datos de recaudación tuvieron el impacto de la caída en la actividad y obligó al Gobierno a acelerar el ajuste fiscal. Además, si se logra el camino de “desinflación” que el Gobierno busca, la estrategia de reducción del gasto vía licuación no estará más disponible.
En el primer bimestre del año el gasto público nacional pagado bajó $ 5,5 billones respecto del primer bimestre de 2023. De cada $100 pesos que se redujeron (licuaron) los gastos, 34 pesos vinieron del rubro “Jubilaciones y pensiones”, la obra pública aportó $14 pesos, las “transferencias a provincias otros $12 pesos, “subsidios a la energía” $10 pesos y los salarios estatales $7 pesos.
En otras palabras, la mayor parte del ajuste fueron en partidas que se licuaron, crecieron muy por debajo de la inflación, como jubilaciones y salarios.
En el plano de los ingresos fiscales, el aporte del impuesto PAIS y de los derechos de exportaciones fueron claves para mostrar un fuerte superávit fiscal. Ya que representaron el 13% de los ingresos tributarios (en el año 2023 el aporte era cercano al 8%).
Sin embargo, en marzo la caída en el nivel de actividad deterioró los números de la recaudación. Según la AFIP, la recaudación de marzo se incrementó 230,6%, respecto al mismo mes de 2023. Esto representa una caída de 14% en términos reales (descontando la inflación). La baja en los ingresos tributarios estuvo compensada parcialmente por el Impuesto PAIS y derechos de exportación. Si excluimos el impuesto PAIS y los derechos de exportación la caída alcanza un 22,2% interanual -en términos reales-. Y enciende señales de alarma.
Estas caídas de ingresos tributarios obligan al Gobierno acelerar el ajuste del gasto público (“motosierra”) , para cerrar la “brecha fiscal”.
En otras palabas, con “licuadora” no alcanza, más aún si se cumple el sendero de “desinflación” esperado por el Gobierno, y no le deja otra opción que recortar otras partidas del gasto público.
El Gobierno aceleró el ajuste de tarifas de gas y eléctricas para reducir la cuenta de subsidios económicos (que representó un 2,1% del PBI en 2023). En el caso del gas, las facturas residenciales se multiplicarán hasta por 5,5 veces y las de empresas hasta 7 veces.
Adicionalmente, la factura de gas quedará indexada, desde mayo, a una fórmula que ajusta por un índice compuesto por índice de precios mayoristas, índice de precios de la construcción y el índice de salarios.
Además, la “licuación” dejará de funcionar si se da el camino de la “desinflación” que espera el Gobierno. Para dar un ejemplo, la partida más importante del gasto público es “jubilaciones y pensiones”. De cada 100 pesos que gasta el Fisco, hay 32 pesos que se gastan en jubilaciones. (ver gráfico)
A fin de marzo el Gobierno anuncio el cambio de fórmula de movilidad. Esto implica que los jubilados que recibieron 27,2% en marzo, En abril perciben un incremento de 27,4% (12,5% de recomposición del poder adquisitivo más la inflación de febrero de 13,2%) y en mayo tendrán un incremento por la inflación de marzo (aproximadamente 11%). Así, los incrementos de estos 3 meses (marzo/mayo de 2024) estarán por encima de la inflación acumulada. Es decir, ya no habrá licuación para un tercio del gasto público (ver gráfico)
De los otros dos tercios del gasto público, el Gobierno ya ajustó fuertemente las trasferencias a provincias y la obra pública que prácticamente esta “frenada”.
En los próximos 2 meses, el Gobierno tiene el alivio que puede generar los derechos de exportación (retenciones). Ya que aportarán cerca de 1,8% del PBI en recaudación tras un 2023 que por la sequía fue de sólo 0,8% del PBI.
Sin embargo, alcanzar una meta de superávit primario del 2% del PBI para el año 2024 parece poco probable. En el acuerdo original con el FMI la meta de 2024 era de 0,9% de déficit fiscal primario y para 2025 recién se iba a déficit primario cero.
La pregunta es si a mediados de 2024 (probablemente junio) el Gobierno pude “recalibrar” la meta fiscal acordada con FMI. Y ganar mayor margen para eliminar o reducir impuestos (como Impuesto PAIS) y también ir más lento en el recorte del gasto público en el segundo semestre de 2024.
