Pese a que la inflación acumulada de 2020 fue de 36,1% punta a punta (17,7 puntos porcentuales debajo de la inflación de 2019), se observó una aceleración inflacionaria preocupante en diciembre pasado. La inflación general alcanzó el 4% mensual – respecto a noviembre- (más de 60% anualizada). Mientras que la “inflación de alimentos” fue de 4,4% mensual afectando a los sectores más vulnerables. Con la tasa de inflación en esos niveles, es difícil que el salario real logre recuperar poder de compra en 2021.
El Gobierno está preocupado y hay fuertes presiones internas para volver a la “receta clásica” de los años electorales para contener a la inflación: “pisar” el precio de las tarifas y al dólar oficial.
En diciembre de 2020 la vicepresidente, Cristina Fernández, dijo que “hay que alinear los salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas”. Claramente, anticipaba que sin salarios por encima de la tasa de inflación será difícil que la economía repunte. Y eso atentaría contra el resultado electoral de 2021.
Por ello, todo parece que apuntar a que el Gobierno intentará volver a la “vieja receta” de “pisar” tarifas de servicios públicos y la cotización del dólar oficial para contener al proceso inflacionario. Sería una forma de “apuntalar” en el corto plazo el salario real, acumula tres años consecutivos de caída (Ver “El salario real es 20% menor que en 2012…”) en la previa a las elecciones y que la mejora en el consumo interno vuelque votos para el oficialismo en la elección legislativa clave de medio término.
Obviamente, es una medida de corto plazo y no es sustentable en el tiempo. Pero además complica el plan Guzmán de cerrar en mayo un acuerdo con el FMI (Ver: “Dólar: los riesgos de febrero y la interna oficial por el rumbo…)
En pocas palabras, hay dos agendas, una para antes de octubre y otra para después. Si el Gobierno atrasara el tipo de cambio oficial (frente a la inflación) y lograra evitar una corrección tarifaria antes de octubre, sin acuerdo con el Fondo, los desequilibrios se potenciarían, junto con el riesgo de una nueva crisis cambiaria después de la elección.
Durante el segundo mandato de Cristina Fernández, en los años 2013 y 2015 esta “regla” se aplicó.
En 2013 los precios regulados (tarifas de empresas de servicios públicos) crecieron solo 21,3% y el dólar oficial 19,8% hasta octubre (con cepo cambiario) y cerró el año con una suba de 29,5% . Así, la inflación general cerro el año en 26,6%.
En tanto, en 2015 con un dólar ya más atrasado, El dólar hasta el mes de octubre solo subió apenas 11%. Y cerró el año con un aumento de 33,7% interanual. Mientras que los precios regulados (tarifas de servicios públicos) crecieron sólo 10%. Y la inflación general terminó el año en 26,9% (tomando como referencia el IPC-CABA).
También hay que decir que esta misma regla aplicó Mauricio Macri en la elección de 2017, gracias al financiamiento en dólares con endeudamiento en los mercados de capitales. Vean este gráfico.
En 2020, por la pandemia, el Gobierno prolongó el “congelamiento” tarifario, que venía desde abril de 2019. Así, los precios regulados crecieron solo 14,8% en diciembre pasado, respecto del mismo mes de 2019. Mientras que el dólar oficial, fue acompañando a la inflación, y subió un 38% (tomando el promedio mensual). El número final de inflación general fue de 36,1%.
La aplicación de la “vieja receta” implica a priori un incremento sustancial en lo que respecta al gasto en subsidios económicos. Esta estrategia choca con la negociación en marcha con el FMI, que exige una reducción del déficit fiscal primario (antes del pago de intereses) incluso mayor de la que plantea Guzman (del 6,6% del PBI en 2020 al 4,5% en 2021) y de un recorte de la emisión monetaria para financiarlo a la mitad (de 2 billones de pesos en 2020 a 1 billón de pesos en 2021).
En 2020 el “congelamiento de tarifas” llevó a una suba nominal de 106% al gasto en concepto de “subsidios económicos”, respecto de 2019. Pasaron de representar el 1,5% del PBI en 2019 a 2,5% de PBI en 2020, casi $ 700.000 millones. Vean este grafico.
Para replicar en el año 2021 este congelamiento tarifario o un congelamiento parcial (con tarifas que suban sólo un 10%) la carga de subsidios económicos pasará a representar como mínimo un 3,5% del PBI. Esto complica el cumplimiento de la meta de déficit fiscal primario de 4,5% establecido en el Presupuesto Nacional 2021. Y además, le agregaría una mayor emisión monetaria del BCRA para cubrir el “agujero” fiscal, alimentando la brecha cambiaria y las presiones inflacionarias contenidas por los controles de precios.
Por otra parte, el Gobierno está limitado con sus reservas netas si intenta “atrasar” el dólar oficial. Las reservas netas actuales del BCRA están entorno a u$s 3.500 millones (casi la totalidad constituidas por oro) y no son suficientes para contrarrestar una mayor demanda de dólares.
En ese caso, inevitablemente se incrementarán las restricciones de acceso a los dólares oficiales, agravando el control de cambios y las restricciones para importadores. El cepo total terminaría, tarde o temprano, impactando negativamente en el nivel de actividad y poniendo en riesgo la recuperación económica.
