El Gobierno nacional espera eliminar el año próximo el déficit fiscal primario, antes del pago de intereses, que para este año será de unos $ 470.000 millones. A ese objetivo se llegaría a través de la siguiente manera:
n — Primero, el aumento de ingresos tributarios vía suba y generalización de retenciones, lo cual representa más de la mitad del esfuerzo fiscal: $ 250.000 millones. Aquí también se contabiliza el aumento de las alícuotas del impuesto a los bienes personales. Es decir que más de la mitad del ajuste corresponde al aumento de impuestos, que el propio gobierno de Macri rechaza y, antes de la crisis planeaba eliminar o reducir, en lugar de generalizar y aumentar como ahora.
n — Segundo, la reducción de gastos de la Nación, por unos $ 125.000 millones. El grueso del recorte en este sentido está en la obra pública ($ 70.000 millones), que impacta en el postergación de obras nuevas en todo el país y en particular en Buenos Aires. Ajuste en la inversión pública que, dado el déficit en infraestructura del país, no parece muy sostenible en el tiempo, a menos que efectivamente arranquen con éxito los programas de inversion financiados con el sistema de PPP (Participación Pública Privada), que todavía aparecen verdes.
También pesa acá la eliminación de subsidios a la luz y gas (otros $ 42.000 millones), que redundará en nuevos aumentos de tarifas en el año electoral.
n — Finalmente, se prevé en el Presupuesto la poda de transferencias presupuestarias a las provincias por casi $ 100.000 millones. En este punto la provincia de Buenos Aires resulta la mayor perjudicada. En La Plata estiman que Buenos Aires aportará $ 25.000 millones del recorte, entre subsidios al transporte (boleto de colectivo) y transferencias a municipios.
El principal impacto para Vidal es la eliminación de subsidios al Transporte por $ 40.000 millones en todo el país, que cada jurisdicción deberá hacerse cargo el año próximo, de los cuales la mitad corresponden a Buenos Aires. Esa situación cambia toda la ecuación que hasta hace unos meses tenía en mente la gobernadora. El año pasado había conseguido que se le reconociera por ley la restitución del fondo del conurbano, que para 2019 implicaban unos $ 40.000 millones para obras. Ahora más de la mitad de esos fondos deberá destinarlos a pagar subsidios a los colectivos en el área metropolitana para que los aumentos de boleto, que igualmente deberá anunciar, no sean exorbitantes. Para colmo, el Gobierno nacional ya no construirá obras prometidas en la provincia –por ejemplo, obras hídricas en la cuenca del Salado— que liberaban recursos a Vidal para destinar el fondo del conurbano justamente a esa área geográfica caliente en el año electoral.
En conclusión, no parece que el camino al "déficit cero" sea una propuesta de cambio estructural de reducción del déficit fiscal sino más bien, en gran medida, la implementación de medidas de emergencia tendientes a tapar el bache en el corto plazo. Más de la mitad del ajuste son subas de impuestos que el propio Macri dijo estar en desacuerdo y prevé eliminar a futuro. Un cuarto restante implica un fuerte ajuste en obra pública, insostenible en el tiempo frente a la enorme demanda por infraestructura y obras básicas que tiene el país. Finalmente, el recorte de transferencias a provincias –y en particular la poda de subsidios al transporte– habrá que ver cómo impacta en Buenos Aires en el año electoral, y es probable que parte de ese ajsute deba ser compensando por la Nación en los próximos meses.
