El Gobierno evalúa una serie de pasos para alcanzar las nuevas metas de déficit fiscal que negocia con el FMI. A diferencia de los anuncios “simpáticos” del recorte de “gastos políticos” (como viáticos o pasajes en business de los funcionarios), que son ejemplificadores pero no redundarán en ahorros significativos, las medidas de ajuste en carpeta tendrían un alto impacto en la economía y la política. Son las siguientes:
n Se mantendría a rajatabla la recomposición de tarifas para continuar podando la cuenta de subsidios. Ello supone que en agosto debería aplicarse un nuevo aumento a la luz y en octubre al gas. Antes de la devaluación, con los aumentos anunciados para este año, el Presupuesto 2018 preveía que aún quedaran unos $203.000 millones en subsidios: $108.000 millones en energía y el resto en Transporte. Es una de las partidas “flexibles”, pero con cada vez mayor costo político. La pregunta es si además del último aumento de colectivos y trenes, que rige desde este primero de junio, si será necesario en el segundo semestre otra ronda de ajustes en el transporte.
n Se profundizará el fuerte ajuste en la obra pública: en los primeros 4 meses del año, ronda el 20% en términos nominales (el 45% real). Intendentes de Cambiemos ya se quejaron muy enojados con los ministros correspondientes porque les cortaron fondos de obras que habían sido licitadas, además de suspenderles todos los proyectos. La propia María Eugenia Vidal sufre por estos días el rigor del ajuste. De los $ 40.000 millones que había logrado del Fondo del Conurbano, ya le avisaron de la Casa Rosada que la mayor parte deberá destinarlos a “proyectos llave en mano” que se financiaban con fondos nacionales, y que ahora deberá costearlos la provincia. Así deberá postergar muchas de las obras adicionales que la gobernadora había programado para el conurbano.
n El gobierno se plantará en un aumento de los salarios de los funcionarios y empleados públicos nacionales de sólo 12/15%. Así, en los cálculos oficiales, el gasto salarial caería entre 10 y 13 puntos en términos reales.
n Se congelarán las transferencias discrecionales –no automáticas—a las provincias (en lo que va del año cayeron -0,4% nominal), para lograr un ajuste real. Esto significa que tampoco habrá “chequera” para la negociación política con los gobernadores.
n Finalmente, otra las medidas que generará revuelo será la transferencia de servicios a las provincias (obviamente, sin su correspondiente financiamiento, que quedará como ahorro en las cuentas de Nación). En el listado está desde el Fondo de Incentivo Docente, hasta obras de pavimento urbano que se financiaban en distintos municipios con recursos nacionales y que ahora deberán costear el gobernador o el intendente. Pero también programas específicos del ministerio de Salud, Educación, Interior, Transporte, entre otras áreas.
