En 2021 el Gobierno tiene un objetivo electoral en octubre y hay dos posiones en cuanto a la estrategia para llegar a ese momento.
El “Plan Guzmán” contempla un acuerdo con el FMI -por la deuda de u$s 44.000 millones- antes de las elecciones en el marco de un programa de reducción del déficit fiscal: suba de tarifas de servicios públicos para congelar subsidios, ajuste real a jubilados con la nueva “formula jubilatoria” -que no garantiza ganarle a la inflación y fija un tope vinculado a la recaudación- y la eliminación total del “Gasto Covid” (IFE y ATP), que fue equivalente a 3,5% del PBI en 2020. El ministro espera que el acuerdo con el Fondo genere un “anclaje” de las expectativas de devaluación y baje el riesgo país en 2021.
Cristina Fernández tiene otra idea de lo que debe ser un año de elecciones, después de 3 años consecutivos de recesión incluida la catástrofe que causó la pandemia en 2020. El plan electoral contempla “pisar” el dólar oficial y las tarifas de servicios públicos, “patear” la negociación con el FMI después de octubre y compensar la inflación con “bonos” u otros instrumentos de gasto público para “fogonear” el consumo interno.
Más obra pública, bonos a jubilados y perceptores de planes sociales (para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación) para llegar a octubre con un “veranito” económico que se traduzca en una victoria del oficialismo. Recién despues de la elección, negociar con el FMI un programa de facilidades extendidas y comenzar a ajustar de los desequilibrios macroeconómicos acumulados (fiscales , tarifarios y monetarios ).
Está claro que la línea de llegada para el Gobierno es octubre (o el 8 de agosto si se realizan las PASO). Pero gran parte del año en términos sanitarios, económios y políticos se juega en los próximos 2 meses.
Entre abril y mayo, habrá noticias que jugarán muy a favor en los papeles, pero no necesariamente se traducirán en una mejora sustancial en la “sensación térmica de la calle”, al menos respecto de la realidad de estos días. Por citar algunas:
1) El efecto del “arrastre estadístico” en la recuperación económica, como resultado de comparar a partir de marzo/abril todos los indicadores frente al derrumbe del año pasado en plena cuarentena total. Según las cifras del EMAE –INDEC (Estimador Mensual de la Actividad Económica), sólo si la actividad económica se mantuviese “congelada” en el mismo nivel que registró en diciembre de 2020 (último dato oficial) durante todo los meses de 2021, el PBI recuperaría 6,1% en 2021, respecto de 2020. Por eso, el ministro Martín Guzmán les dijo a fondos de inversión de Wall Street que “la economía este año crecerá entre 7 y 8%”.
2) El súper precio internacional de la soja que continúa arriba de u$S 520 por tonelada . La soja cerró en la última semana a u$S 520,5 por tonelada. Es decir, un 65% arriba de la cotización de marzo de 2020. Pasó de u$S 314 a $520 en sólo 12 meses. Con los últimos recortes en las estimación de la cosecha 2020/21 por escasez de lluvias, según la Bolsa de Comercio de Rosario, la cosecha llegaría a 45 millones de toneladas de soja –según la Bolsa de Comercio de Rosario-, lo que significa el ingreso de unos U$S 6000 millones extra respecto del valor promedio del año pasado.
3) El incremento de la reservas internacionales brutas en u$S 3.300 millones, si se asignan los Derechos Especiales de Giro (DEGs) del FMI a la Argentina tras la decisión de los países del G-20 de impulsar una nueva asignación de DEGs por 500.000 millones de dólares a nivel global. El anuncio podría hacerse en en abril, durante la Asamblea de primavera del FMI y el Banco Mundial. Esto es vital para robustecer las reservas del BCRA.
En Nueva York, Guzmán también les anticipó en privado a los financistas de Wall Street que las reservas “crecerán este año entre 6.000 y 7000 millones”. Para ello, da por descontado que Argentina recibirá los U$S 3.300 millones en DEG y confía en que habrá acuerdo con el FMI antes de las elecciones, aunque ahora no precisa la fecha.
Sin embargo, hay datos que preocupan al Gobierno y que pueden poner en riesgo el resultado electoral para el oficialismo.
Uno es la inflación. El otro, una “segunda ola” de coronavirus en un contexto de un programa nacional de vacunación muy lento.
La inflación es lo que evita que la recuperación económica se traduzca en una mejora sustancial en el humor de la calle. El Presupuesto Nacional 2021 fijó la meta de inflacion en 29% anual.
Sin embargo, en el primer bimestre del año la inflación minorista fue de 7,8%. Mientras que la inflación mayorista se disparó 12% en solo 2 meses. Estos números hacen muy difícil que el salario real se recupere y se produzca un repunte notorio en el consumo interno.
El ritmo de la “inflación de alimentos”, que golpea más a los sectores más vulnerables ya que destinan una mayor parte de su ingreso a la compra de alimentos, es todavía más acelerado.
Sólo en los primeros 2 meses del año la “inflación de alimentos” fue de 8,8%. Muy arriba del ajuste de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que será de 8,1% en el primer trimestre del año con la nueva fórmula de ajuste. La inflación de alimentos acumula 43,9% en 12 meses (3,2 puntos porcentuales por encima de la inflación general). Pero la canasta de la indigencia, la canasta de alimentos para los más vulnerables, que mide el Indec, creció 46,4% en el último año (5,7 puntos arriba del IPC).
Además, según las consultoras privadas que monitorean precios online, la inflación en marzo estaría nuevamente cercana al 4% . Con lo cual el acumulado del primer trimestre sería de 12,1% . Si hacemos una simulación un escenario con una “desinflación moderada” en los próximos 2 meses. Suponemos un 3,5% mensual en abril y 3% mensual en mayo – ver gráfico-, el acumulado de inflación en los primeros 5 meses del año quedaría en 19,5% .
El riesgo en ese escenario para el Gobierno es que los sindicatos que cerraron los acuerdos de paritaria en torno al 32/35% anual en línea con lo planteado por Guzmán, presionen por una reapertura de las negociaciones, generando un conflicto a semanas de las PASO, además de complicar toda la estrategia oficial del “dólar electoral” y la idea de llegar a los meses de elecciones con un registro inflacionario del orden del 2% mensual.
Por eso, Guzmán necesita que, a partir de abril, la inflación se desacelere más rápidamente. Ya confirmó que –como viene ocurriendo en los últimos 20 días—se desacelerán las minidevaluaciones diarias del tipo de cambio oficial para que utilizar el dólar oficial como ancla inflacionaria, un clásico de los años electores. Una receta que requiere se cumplan ciertas condiciones y no está exenta de riesgos (Ver la receta del dólar electoral: los riesgos).
Si comparamos la inflación mensual promedio del mandato de Mauricio Macri y Alberto Fernández, tanto minorista como mayorista, están en un nivel similar.
Mauricio Macri tuvo una inflación minorista de 2,94% mensual durante su mandato. Y Alberto Fernández promedió un 2,84% mensual en los primeros 14 meses de gestión. Mientras que en el caso de la inflación mayorista, Macri tuvo un promedio de 3,16% y Fernández 3,08% -ambos mensuales-.
El otro gran riesgo es el impacto de la “segunda ola” de Covid, en un contexto en el que el programa de vacunación oficial viene demorado por la limitación en la disponibilidad de vacunas.
El Gobierno no tiene margen alguno para volver a un cierre de la economía como el año pasado, ni en el plano fiscal ni en el monetario. Por eso, la apuesta del Gobierno sería reforzar los controles en la frontera en las próximas semanas, para demorar el ingreso de nuevas cepas y llegado el momento pico de una eventual segunda hora disponer de cierres puntuales en algunas zonas, pero sin afectar la actividad de la industria, comercio ni construcción. En todo caso las medidas se centrarían en evitar las aglomeraciones en actividades de esparcimiento.
El año pasado el BCRA emitió 2 billones de pesos para pagar el Gasto Covid y cubrir la caída en la recaudación producto de la pandemia y la cuarentena . En 2021 incrementar más la asistencia del BCRA al Tesoro Nacional (por encima de lo estimado en el presupuesto) puede “disparar” la brecha cambiaria nuevamente -como vimos en octubre de 2020- y acelerar la inflación. Un golpe como el de octubre pasado pondría en “jaque” al Gobierno en los meses de la definición electoral.
