Qué difícil resulta para el Gobierno proyectar las principales variables de la economía argentina, mientras no logre domar la inflación. En el Presupuesto 2018, por caso, los funcionarios del equipo económico preveían para este año un dólar promedio de 19,40 pesos; y para 2019, un tipo de cambio promedio de 20,40 pesos. Teniendo en cuenta que el dólar empezó el año en este último valor, lo más probable –si el BCRA no lo plancha por varios meses para contener el rebrote de precios—es que el dólar promedio de este año sea el que la ley de Presupuesto vigente proyectaba para 2020: 21,40 pesos (ver cuadro). Un error de cálculo de 2 años. O tal vez sea un poco más alto, todo depende de la inflación.
En lo que no puede fallar el cálculo oficial es en la metas trazadas para el déficit fiscal. Es la señal clave que debe enviar la gestión Macri a los mercados para que financien el gradualismo: la disminución lenta, pero inexorable, del déficit fiscal en los próximos tres años. De una u otra manera, esos números deben cerrar siempre.
Para compensar las malas noticias por el lado de la inflación, el Gobierno resalta que a marzo se sobrecumplieron las metas de reducción del déficit fiscal primario, antes del pago de intereses de la deuda. Sin embargo, por el lado del gasto, el grueso de esa mejora no es un ajuste muy prolijo, ni sustentable. Pese a lo que se cree, el recorte de subsidios económicos, con el apretado cronograma de aumentos tarifarios, no fue el mayor ahorro fiscal en los primeros meses del año. El principal freno a la expansión del gasto se explica por el fuerte ajuste en los fondos de la obra pública, en relación al primer trimestre del año pasado, cuando se pisó el acelerador de la construcción en el año electoral. El ahorro en obra pública es un 60% mayor a la poda en subsidios. En un año sin elecciones, la prioridad es cumplir las metas fiscales.
Veamos en detalle los números:
n El déficit fiscal operativo disminuyó 25% en el primer trimestre respecto a igual período del año pasado. Así el rojo de las cuentas públicas se achicó en $ 10.343 millones.
n El gasto en subsidios económicos cayó 20,3%, unos 7.305 millones menos que el año anterior. La meta para este año es un recorte total del 13%. La mayor parte de la poda se debe al ajuste de los subsidios energéticos, con una baja nominal de 48% (-7.145 millones) respecto al año pasado. En cambio, los subsidios del transporte crecieron 3,9% (+770 millones), pero todavía falta el impacto de los aumentos tarifarios de abril y junio.
n En gastos de capital (obra pública), el ajuste alcanzó a $ 11.891 millones, con una baja del 23% respecto del primer trimestre del año pasado. O sea que lo que se ahorró el obra pública es un 60% más que el recorte en subsidios, y equivale a toda la reducción del déficit fiscal. Ello implicó una gran subejecución de las partidas destinadas a obra pública, si se tiene en cuenta que el Presupuesto 2018 preveía un aumento del 21,5% en relación al año pasado para llegar en los papeles a los $ 235.000 millones.
n El mayor ajuste recayó sobre los fondos destinados a las provincias para la construcción de “Viviendas” (-55%), unos $6000 millones menos que el año pasado. También se recortó un 23% ($ 1.150 millones menos) en las obras de “agua potable y alcantarillado”. Mientras que en obras del Ministerio de Transporte la reducción fue del 13,5% (unos $ 1.800 millones menos).
n El Gobierno tampoco transfirió a las provincias ni un solo peso del Fondo Federal Solidario, creado en 2009 con recursos de las retenciones a la soja para obras de infraestructura en todo el país. Con esa esa movida, se ahorró otros $ 3.800 millones, que había girado en el primer trimestre del año pasado. (Para algunos, de esa manera, la Casa Rosada “monitorea” la aprobación del Acuerdo Fiscal firmado en noviembre por parte de las legislaturas provinciales).
n El gasto en jubilaciones y pensiones, la partida de mayor peso en todo el presupuesto, aumentó 31,5% en el primer trimestre, incluyendo el aumento de haberes de marzo. Pero también crecieron 63% las erogaciones destinadas a planes sociales, entre los que se destacan Progresar y Argentina Trabaja, en otros.
n En cuanto a los “gastos de funcionamiento” del Estado, los no salariales se incrementaron 40% (8.000 millones más), entre otras cosas, por el impacto de los aumentos tarifarios en distintas reparticiones públicas.
En el Gobierno admiten el frenazo de las erogaciones en obra pública. Dicen que en la mayoría de los casos las obras se ejecutan a menor ritmo, extendiéndose los plazos. Desde noviembre, tras la elección, “se congeló” el pago de certificados de obra a las empresas para acomodar las cuentas fiscales en el primer trimestre y recién empezó a “gotear” en las últimas semanas. Además, confían en que el arranque del sistema de PPP (Participación Pública Privada), con la apertura de la licitación de las primeras obras viales el viernes próximo, sirva para compensar el recorte de los fondos contemplados en el Presupuesto 2018. Es el caso de las obras del Ministerio de Transporte, que podrían estar en marcha en el último trimestre. Pero no es el caso de las obras de Vivienda, o Agua, por donde más fuerte pasó la tijera y por ahora no hay proyectos de PPP a la vista.
Para el resto del año el Gobierno cuenta con dos aliados para alcanzar el objetivo de achicar el déficit fiscal operativo a 3,2% del PBI, o menos, como se comprometió ante los mercados. Por un lado, la reforma previsional, que implicó que el aumento para los jubilados de marzo sea menos de la mitad de lo que establecía la ley de movilidad y recién se complete parcialmente a partir de junio. En el segundo trimestre impactará la mayor parte del “ahorro”. Por otro lado, la inflación, muy superior a la proyectada en el Presupuesto, permite impulsar la recaudación por encima del gasto (si al ajuste en subsidios y obras, se le suma como hasta ahora el tope a la partida de salarios públicos –creció 18% en el primer trimestre, 7 puntos debajo de la inflación). Un poco más de inflación, después de todo, también contribuye a cerrar las cuentas fiscales, donde ya no hay margen para el error de cálculo.
