Tuvo dos raros privilegios: fue el general más joven de la historia reciente del país, promovido en 1972 a los 45 años, por el gobierno de facto de Alejandro Lanusse y, en el final de su vida, fue el militar que más condenas sumó por secuestros, crímenes y torturas cometidos durante la última dictadura militar.
Cuando recibió sus palmas de general, Luciano Benjamín Menéndez, que murió este martes en Córdoba a los 90 años, resumió su particular visión de la realidad en una frase: “Necesitamos una guerra por generación”.
Comandó, en cambio, antes y durante la dictadura, el poderoso Tercer Cuerpo de Ejército, el segundo en importancia del país; dirigió la represión ilegal de la subversión en diez provincias del centro y noroeste; tuvo a su cargo los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de Córdoba: La Perla, el más grande del interior del país, Malagueño o Perla Chica, La Ribera o La Escuelita y el D-2, el Departamento de Inteligencia de la policía provincial; fue acusado de ejecutar en persona a varios secuestrados y de establecer con los oficiales a su mando un “pacto de sangre” en el que todos participaban de un asesinato y amparó el accionar del Comando Libertadores de América, una banda terrorista de ultraderecha, similar a la Triple A, formada por militares, policías y civiles y comandada por el capitán Héctor Pedro Vergéz, que sembró el terror en la Córdoba previo al 24 de marzo de 1976, durante la débil y jaqueada democracia de María Estela Martínez de Perón.Pese a sus devaneos bélicos, no hay noticias de que Menéndez haya participado alguna vez de batalla alguna.
Fue en esos días de agosto de 1975 cuando, en un anticipo de lo que se avecinaba, los padres y hermanos de Mariano Pujadas, un guerrillero que tres años antes había sido fusilado en un falso intento de fuga en la base naval Almirante Zar, de Trelew, fueron secuestrados en Córdoba, asesinados, arrojados a un pozo y volados con dinamita.
Por esa causa judicial, Menéndez fue condenado reclusión perpetua, la condena número 15 que recibió, 13 de ellas a reclusión o prisión perpetuas. La Justicia también condenó por crímenes de lesa humanidad a Vergez, al ex mayor Ernesto “Nabo” Barreiro y a otros 35 represores.La Justicia investigó estos casos, surgidos de los testimonios desgranados durante el juicio a las Juntas militares de 1985, y la responsabilidad de Menéndez en el secuestro, tortura y desaparición o muerte de un número todavía no determinado de personas: sólo en la causa "La Perla", Menéndez fue hallado culpable de la desaparición de 282 personas, entre ellas un chico de diez años, de 52 homicidios, 260 secuestros y 656 casos de tortura.
Menéndez había nacido el 19 de junio de 1927 en San Martín, provincia de Buenos Aires. Era hijo de un militar: de allí, dice la leyenda apologética, su sobrenombre de “Cachorro”.
Era sobrino del general Luciano Menéndez, quien en 1951 de alzó contra el gobierno de Juan Domingo Perón, que bautizó el intento de golpe como “una chirinada”. Y era primo del general Mario Benjamín Menéndez, gobernador militar de Malvinas durante la guerra de 1982, quien rindió la plaza a los ingleses comandados por el general Jeremy Moore.
Alumno de la escuela contrarrevolucionaria francesa, que acercó al país los sistemas de tortura practicados por el ejército de ese país en la guerra de independencia de Argelia, y entrenado él mismo en la doctrina de la seguridad nacional en la base militar estadounidense de Fort Lee, en el estado de Virginia, Menéndez ejerció el poder absoluto en la zona 3 de las 4 en las que el “Proceso de Reorganización Nacional” dividió el país para reprimir a la guerrilla a partir del golpe de 1976.
Tuvo a sus órdenes a 15.000 hombres en 24 áreas, agrupados en tres brigadas y 20 regimientos, esparcidos todos en diez provincias, casi la mitad del país: Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Tucumán, donde actuaba la guerrilla trotskista del ERP.
Se calcula que en esas áreas funcionaron 238 centros clandestinos de detención y que las víctimas del terrorismo de Estado, sólo en Córdoba, suman entre 500 y 700 personas, muchas asesinadas en medio de torturas indecibles.
