En plena campaña electoral, el gobierno nacional profundiza la ofensiva contra la Corte Suprema.
Doce años después de haberla reformado con juristas reconocidos por todo el arco político, el kirchnerismo apunta con todo contra la Corte.
Tras ver frustrada la designación de Roberto Carlés, los inquilinos de la Casa Rosada se van del poder en guerra con los sobrevivientes del máximo tribunal.
Pese al rechazo de la oposición, el Frente para la Victoria logró abrir un proceso investigativo contra Carlos Fayt en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
El oficialismo quiere saber si el supremo de 97 años está en condiciones de seguir ejerciendo su cargo y busca someterlo a un examen psicofísico.
Por eso, citó a declarar a funcionarios de la Corte, colaboradores del magistrado y periodistas que denunciaron irregularidades.
Uno de ellos, el columnista de Página 12 Horacio Verbitsky, afirmó que es el kirchnerismo el que lleva adelante un procedimiento irregular.
Sin embargo, el Frente para la Victoria no cuenta con los dos tercios de la comisión para llevar a Fayt a juicio político, el paso previo para investigar a un juez.
Después de un mes sin apariciones públicas, Fayt salió caminando de su casa para participar de un acuerdo extraordinario de la Corte.
La presión del Ejecutivo sobre la Corte en la recta final del mandato de Cristina no sólo se debe al fastidio por el bochazo que recibió el candidato del gobierno, Roberto Carlés.
Responde además a la preocupación en la Casa Rosada por las causas judiciales que comprometen a la familia presidencial: entre ellas la que lleva adelante el juez Claudio Bonadio por supuesto lavado de dinero en los hoteles de los Kirchner en El Calafate.
